Entre los beneficios que traería la ley para cerca de ocho millones de colombianos se encuentran:

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• Disminuir el término de permanencia de los reportes negativos en operadores de información o centrales de riesgo.

• Eliminar los reportes negativos causados entre el inicio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y el 31 de diciembre de 2020, siempre que los titulares de la obligación hayan intentado una reestructuración de la obligación. Si continúa la mora posterior al 31 de diciembre de 2020, se reanudará el reporte.

• Obligar a centrales de riesgo a restablecer calificaciones crediticias, ya sea simultáneamente con el retiro de reportes negativos o con la cesación del hecho que generó la disminución.

• Obligar a las centrales de riesgo a conceder a los titulares de la información crediticia el acceso gratuito e ilimitado a esta.

• Obligar a las fuentes de información a reportar la información negativa máximo 18 meses después de hacerse exigible la obligación respectiva.

• Obligar a los usuarios de la información (por ejemplo: entidades financieras) a mantener las calificaciones o puntajes crediticios sin importar el número de consultas de la información disponible.

• Facultar a la Superintendencia Financiera para imponer sanciones a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante.

• Establecer un régimen de transición que permitiría a los titulares de obligaciones recibir beneficios por pagar deudas en mora en la forma de eliminación de reportes negativos en las centrales de riesgo.